No es un secreto que los ciberdelincuentes usan un sinnúmero de maniobras para que sus acciones queden impune y sea extremadamente difícil localizarlos. Para llevar a cabo sus actos delictivos recurren a actividades como #Phishing, enviando correos con informaciones falsas para obtener datos financieros o personales de las víctimas, Exploits, donde buscan brechas informáticas para introducir malware, o Ciberespionaje, para obtener información sensible tanto de empresas como de individuos y poder extorsionarles, y así como estas, existen otras técnicas vandálicas usadas para perpetrar sus crímenes. Por esto, Europa toma medidas agilizar denuncias ciberdelincuencia.

En su afán por cerrar las brechas legales que tenían los Estados miembros de la UE para entregar informaciones sobre casos de ciberataques, principalmente si los datos estaban almacenados en el extranjero, el consejo europeo creó nuevas normas para mejorar el acceso a las pruebas electrónicas en abril de 2018.

El 25 de enero de 2023, el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo, dio el paso logrando firmar el “Reglamento sobre las órdenes europeas de entrega y conservación de pruebas electrónicas” el cual permitirá a las autoridades intercambiar información sobre pruebas de casos investigados.

En abril de 2018, el Consejo Europeo creó nuevas normas para cerrar las brechas legales en el intercambio de datos sobre ciberataques, facilitando el acceso a pruebas electrónicas almacenadas en el extranjero.

Dicho Reglamento agilizará el proceso de envío de pruebas, lo que permitirá que los proveedores de servicio de los Estados miembros del consejo, así como jueces y fiscales, puedan tener en sus manos y conservar las evidencias antes de que desaparezcan, independientemente de la ubicación de dichos datos.

Cabe señalar, que solo se podrán solicitar datos para delitos punibles en el país emisor con una pena privativa de libertad máxima de al menos tres años, o para casos de delitos específicos que estén relacionados con la ciberdelincuencia, pornografía infantil, la falsificación de medios de pago distintos del efectivo o el terrorismo. Para garantizar el cumplimiento de las normas, han establecido un plazo obligatorio de diez días para dar respuesta a una orden de entrega, aunque para los casos de emergencia debidamente establecido, tienen un plazo de 8 horas. Esperamos que, con este gran paso, estos tipos de delitos puedan ser sancionados y las medidas colaboren a cerrar las brechas que dan lugar a los ciberataques.

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Fuente:  Consejo de la UE
Reglamento sobre el acceso transfronterizo a las pruebas electrónicas (texto transaccional definitivo)